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Venezuela antes, durante y después: petróleo, minería y el petroestado inconcluso
Autores: Marta Rivera y Eduardo Zamanillo
Antigua potencia de la OPEP, Venezuela es hoy un caso de prueba para saber si un petroestado colapsado puede reconstruir tanto sus hidrocarburos como su minería bajo un nuevo orden político.
Por qué esta jurisdicción importa ahora
Durante buena parte del siglo XX, Venezuela fue sinónimo de riqueza petrolera: miembro fundador de la OPEP, proveedor clave de Estados Unidos y ejemplo de petroestado de manual. Su crudo alimentó refinerías en la Costa del Golfo estadounidense y en Europa, mientras las rentas del petróleo financiaban un Estado expansivo y moldeaban la política nacional.
Dos décadas de gestión politizada de los recursos, subinversión, sanciones y erosión institucional alteraron por completo ese cuadro. La producción de petróleo cayó por debajo de 1 millón de barriles diarios, pese a que el país concentra las mayores reservas probadas del mundo. A medida que se desplomaban los ingresos formales, Caracas recurrió al oro y otros minerales, cada vez más a través de canales informales e ilegales en el Arco Minero del Orinoco.
Con la caída de Nicolás Maduro a comienzos de 2026, tras su captura por fuerzas estadounidenses y un giro acelerado en la posición de Washington, Venezuela se enfrenta a una pregunta poco habitual:
¿Puede reconstruir no solo la producción, sino también una relación distinta entre petróleo, minería y Estado?
Para directorios e inversionistas, el país es a la vez advertencia y reapertura potencial: una dotación enorme de petróleo y minerales, pero con cicatrices institucionales profundas y una frontera minera marcada por la ilegalidad y la violencia.
Hidrocarburos y minerales: perfil y posición estratégica
Antes de Chávez: construir el petroestado alrededor del petróleo
El ascenso de Venezuela como petroestado comenzó mucho antes de la era bolivariana. La producción comercial de petróleo se expandió rápidamente entre las décadas de 1920 y 1940, bajo concesiones a compañías extranjeras. Para 1970, la producción alcanzaba aproximadamente 3,7 millones de barriles diarios, cerca del 8% de la oferta mundial, situando al país entre los mayores productores del planeta.
En 1976, en medio de una ola más amplia de nacionalismo de recursos, el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera y creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). PDVSA fue diseñada como una empresa nacional con gestión comercial, alta autonomía y capacidad para asociarse con firmas extranjeras, mientras el Estado retenía al menos 60% de participación en las empresas mixtas.
Durante aproximadamente dos décadas: PDVSA reinvirtió en exploración/producción (upstream) y refinación, mantuvo la producción en torno a 3 – 3,5 mb/d durante los años 80 y 90 pese a las restricciones de la OPEP, y se convirtió en la fuente central de divisas e ingresos fiscales.
La minería, en cambio, jugó un rol secundario, aunque no trivial. La gran minería de hierro comenzó a principios de los años 50 en la región de Guayana, bajo concesiones a empresas extranjeras. La producción fue nacionalizada en 1975 y consolidada en CVG Ferrominera Orinoco como productor único. Venezuela desarrolló también producción de bauxita, alúmina, aluminio, carbón y oro, con el hierro, el aluminio y el acero integrados en el complejo industrial estatal de Guayana.
A comienzos de los años 2000, la producción mineral incluía alúmina, aluminio, bauxita, carbón, oro y mineral de hierro, junto con petróleo y gas. En esta fase antes, Venezuela importaba porque combinaba grandes reservas de petróleo convencional, una empresa nacional petrolera competente, y una base minera diversificada pero aún modesta, anclada en el hierro y la bauxita.
La narrativa estratégica era sencilla: un petroestado exportador de energía, cuyo modelo de desarrollo y política giraban en torno a la renta petrolera.
La apertura de los 90: crudo pesado del Orinoco y una minería relegada
A comienzos de los años 90, PDVSA enfrentaba el declive de campos maduros y el desafío de monetizar el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.
La respuesta, bajo los presidentes Pérez y Caldera, fue la Apertura Petrolera. El Estado mantuvo la propiedad formal, pero abrió nuevos proyectos a compañías petroleras internacionales (IOCs) mediante convenios de asociación y contratos de operación. El objetivo era atraer capital y tecnología para desarrollar la Faja del Orinoco y estabilizar la producción de los campos convencionales. Este modelo atrajo a grandes IOCs, incrementó la inversión, y sentó las bases técnicas para que Venezuela fuera reclasificada más tarde como el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo (más de 300.000 millones de barriles, una vez incorporado plenamente el crudo pesado de la Faja).
La minería, sin embargo, siguió estructuralmente a la sombra. La producción de hierro y bauxita continuó, pero la inversión y la atención política se concentraron en el petróleo. La producción de oro fluctuó, con una mezcla de operaciones formales e informales, pero todavía no era el mecanismo central de supervivencia que llegaría a ser.
En la víspera de la era Chávez, Venezuela seguía siendo un petroestado de manual con narrativa petrolera, aunque ya eran visibles tanto los intentos de diversificación como las vulnerabilidades.
Instituciones, política y legitimidad social: de Chávez a Maduro
Durante Chávez: politizar PDVSA y descuidar la minería
Hugo Chávez llegó al poder en 1999 prometiendo recuperar la soberanía sobre los hidrocarburos y convertir la renta petrolera en motor de transformación social.
Tres decisiones reconfiguraron el sector:
Ajuste fiscal y renacionalización del riesgo
- La Ley de Hidrocarburos de 2001 elevó regalías e impuestos, reduciendo el atractivo de los contratos vigentes.
- A mediados de los 2000, el gobierno forzó la migración de los convenios de asociación a empresas mixtas con mayoría de PDVSA; las compañías que se negaron enfrentaron expropiaciones.
La huelga y purga de PDVSA (2002 – 2003)
- Una gran huelga en PDVSA, en medio de una confrontación política creciente, terminó con el despido de miles de empleados, incluyendo buena parte de la élite técnica y gerencial.
- Esto produjo una pérdida permanente de capital humano, ya que muchos ingenieros y gerentes experimentados abandonaron la empresa o el país.
Uso de PDVSA como vehículo fiscal y político
- PDVSA fue encargada de financiar programas sociales e iniciativas extrapresupuestarias, difuminando la frontera entre empresa y Estado y debilitando su gobernanza corporativa.
En el corto plazo, los altos precios del petróleo ocultaron el daño. La producción se mantuvo por encima de 2,5 mb/d a mediados de los 2000, pero luego comenzó a caer de forma sostenida:
- Desde más de 3,5 mb/d a finales de los 90, la producción ya había empezado a descender.
- A comienzos de los 2010, la trayectoria a la baja era clara, incluso antes de las sanciones.
La minería siguió en la periferia del relato oficial:
- Las empresas estatales de hierro, bauxita y aluminio sufrieron subinversión y problemas de gestión.
- La minería de oro en el sur se expandió de forma informal, sin una estrategia nacional coherente ni un marco regulatorio sólido.
En síntesis, el período Chávez fue: un intento de usar el petróleo como instrumento directo de política social, a costa de la autonomía, la capacidad técnica y la inversión de largo plazo en PDVSA, mientras el sector minero quedaba relegado y cada vez más informal.
Durante Maduro: colapso, sanciones y giro hacia el oro
Nicolás Maduro heredó un petroestado frágil en 2013. Tres shocks profundizaron la crisis:
Colapso del precio del petróleo (2014–2016)
La caída de precios expuso la magnitud de la dependencia fiscal del petróleo y la debilidad real de las operaciones de PDVSA.
Erosión institucional y mala gestión
La deuda de PDVSA aumentó, se postergó el mantenimiento y se multiplicaron los escándalos de corrupción. La producción cayó por debajo de 1 mb/d a principios de los 2020, pese a que Venezuela posee las mayores reservas del mundo. Las refinerías y ductos se deterioraron, y el crudo pesado se hizo cada vez más difícil y costoso de extraer y procesar.
Escalada de sanciones
Las sanciones estadounidenses, inicialmente dirigidas a individuos, se extendieron a PDVSA en 2017 y se endurecieron en 2019, dejando a Venezuela prácticamente aislada de mercados y canales de financiación clave. Chevron mantuvo una presencia limitada mediante licencias especiales que le permitían operar empresas mixtas bajo condiciones estrictas, principalmente para recuperar deuda y no para generar nuevos ingresos significativos para el gobierno.
A medida que se desplomaban los ingresos petroleros formales y se intensificaban las sanciones, Caracas recurrió cada vez más al oro y otros minerales como renta de supervivencia.
El Arco Minero del Orinoco: entre base de recursos y fracaso de gobernanza
En febrero de 2016, el gobierno de Maduro creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un área de alrededor de 111.843 km² (cerca del 12% del territorio nacional) al sur del río Orinoco, rica en oro, bauxita, coltán y diamantes.
Sobre el papel, el Arco Minero buscaba atraer inversión y diversificar la economía más allá del petróleo. En la práctica, se convirtió en:
- un polo de minería ilegal e informal de oro,
- una zona de influencia para grupos armados, organizaciones criminales y actores extranjeros no estatales, y
- una fuente de graves daños ambientales y violaciones de derechos humanos.
Investigaciones independientes convergen en un mismo patrón:
- International Crisis Group describe la minería ilegal de oro en el sur de Venezuela como una causa de daños crecientes a ecosistemas y comunidades, con aumento de la violencia y control estatal débil.
- Freedom House y ONG regionales señalan que la minería ilícita en Bolívar y Amazonas ha acelerado la deforestación, contaminado ríos con mercurio y desestabilizado comunidades indígenas.
- Investigaciones vinculadas a la OCDE y otros estudios estiman que la producción real de oro en el Arco Minero se sitúa en torno a 25 – 32 toneladas anuales, gran parte no declarada y vinculada a redes de contrabando, frente a cifras oficiales de solo 30 kg en 2023.
En la práctica, bajo Maduro el sector petrolero colapsó en términos de producción y capacidad, el Estado recurrió al oro y otros minerales como línea de vida en la sombra, a menudo por fuera de los canales formales, y el sur del país se transformó en una frontera minera de violencia, ecocidio y poder informal, más que en un pilar de una estrategia diversificada de recursos.
Después de Maduro: una apertura condicionada por la historia
Los hechos de comienzos de 2026, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el giro rápido en la posición de Washington, añaden una nueva capa a esta historia.
Los análisis recientes destacan varios rasgos del escenario post Maduro emergente:
- El presidente estadounidense Donald Trump ha señalado que las empresas petroleras de Estados Unidos serán invitadas a arreglar la industria petrolera venezolana, presentando las vastas reservas del país como una oportunidad para firmas estadounidenses.
- Coberturas de Reuters y otros medios subrayan que la infraestructura petrolera de Venezuela está profundamente degradada: producción por debajo de 1 mb/d, refinerías y oleoductos envejecidos y crudo pesado costoso de extraer y refinar. Recuperar la producción hasta alrededor de 2,5 mb/d podría requerir entre US$80 y 90 mil millones en 6 – 7 años, incluso bajo condiciones estables.
- Analistas de la región sostienen que la velocidad y la escala de la recuperación dependerán en gran medida de la naturaleza del nuevo liderazgo, las reformas legales, la estabilidad contractual y la secuencia del alivio de sanciones.
En minería, el panorama es igualmente complejo. Venezuela conserva un potencial significativo en hierro, bauxita, carbón y oro, pero la producción se ha reducido drásticamente por subinversión y debilidad institucional. El Arco Minero del Orinoco sigue siendo a la vez una posible base de recursos y un símbolo de fracaso ambiental y de gobernanza.
Preguntas clave para cualquier administración post Maduro incluyen:
- ¿Será el Arco Minero reformulado, reducido o desmantelado?
- ¿Cómo abordarán las nuevas autoridades la minería ilegal, la contaminación por mercurio y la presencia de grupos armados?
- ¿Puede una futura política minera incorporar salvaguardias sólidas para los derechos indígenas y los ecosistemas, y al mismo tiempo atraer capital?
El después no es, por tanto, una hoja en blanco. Venezuela hereda:
- un sistema petrolero vasto pero degradado,
- una frontera minera marcada por la ilegalidad y la violencia, y
- una sociedad profundamente moldeada por décadas de política petroestatal.
Líneas de falla y señales a observar
Desde la perspectiva de Geopolitical Mining, la trayectoria de Venezuela puede leerse como tres arcos superpuestos:
Antes: un petroestado de manual con potencial minero subutilizado
- Alta producción de petróleo, una empresa nacional técnicamente capaz y una minería significativa pero secundaria en hierro, bauxita y oro.
- El error estratégico no fue solo la dependencia del petróleo, sino la falta de instituciones robustas tanto para el petróleo como para la minería cuando las rentas eran abundantes.
Durante: politización, colapso y refugio en el oro
- Bajo Chávez y Maduro, PDVSA se convirtió en un instrumento de política social, a costa de la reinversión y la capacidad técnica.
- Las sanciones aceleraron un colapso que ya estaba en marcha, mientras el Arco Minero transformó el oro en una renta de supervivencia extraída a través de redes informales y a menudo violentas.
Después: una oportunidad limitada por la historia y la geología
En el escenario post Maduro, en principio Venezuela puede atraer capital nuevamente hacia el petróleo y la minería. Pero:
- el petróleo disponible es pesado y costoso,
- la brecha de infraestructura es enorme,
- la credibilidad legal e institucional tardará años en reconstruirse, y
- el sur del país arrastra las cicatrices de un boom de minería ilegal que no puede revertirse de la noche a la mañana.
Para inversionistas, directorios y formuladores de política, algunas señales clave a observar son:
- El diseño de los nuevos marcos de hidrocarburos y minería: modelos contractuales, términos fiscales y el grado de protección para inversiones existentes y futuras.
- El futuro del Arco Minero: si se formaliza bajo reglas más estrictas, se reduce o se utiliza como solución fiscal rápida.
- El ritmo y la condicionalidad del alivio de sanciones, y cómo se coordina con las reformas de gobernanza.
- El grado en que las nuevas autoridades separen PDVSA y las empresas estatales mineras del día a día político, restaurando la capacidad técnica y la disciplina financiera.
Lo que Venezuela revela sobre el rol del Estado
Más allá de las etiquetas ideológicas, Venezuela recuerda lo delicado que es el equilibrio entre intervención estatal y facilitación estatal en industrias de recursos de ciclo largo.
El petróleo y la minería no son cajas de efectivo. Son sistemas intensivos en capital que dependen de:
- horizontes muy largos, desde la exploración hasta la producción,
- infraestructura compleja, oleoductos, refinerías, puertos, energía, transporte, que debe mantenerse y renovarse durante décadas, y
- un tejido denso de conocimiento técnico y gerencial que es muy difícil de reconstruir una vez perdido.
En Mining Is Dead. Long Live Geopolitical Mining sostenemos que el rol más estratégico del Estado es definir reglas, alinear incentivos y ofrecer previsibilidad, no sustituir a los operadores ni dirigir las decisiones industriales del día a día. Venezuela muestra qué ocurre cuando se cruza esa línea: PDVSA se transformó en un instrumento de política de corto plazo, la capa profesional de gestión fue excluida y miles de trabajadores calificados abandonaron el sector. El resultado no fue solo menor producción, sino una degradación lenta de la infraestructura y de la capacidad técnica que ningún ciclo de precios pudo revertir.
Esto es especialmente relevante ahora que la minería vuelve a estar en el centro de la agenda global, no porque regrese, sino porque se reconoce por fin como la base material de la vida moderna: sistemas energéticos, infraestructura digital, defensa, transporte. En ese contexto, la sobreintervención del Estado entraña un doble riesgo:
- erosiona justamente las capacidades técnicas e institucionales que mantienen operativos activos complejos, y
- impide que países ricos en petróleo y minerales alcancen su propio potencial de forma fiscalmente sólida y socialmente legítima.
Venezuela no es, por tanto, solo la historia de un proyecto político específico. Es una advertencia estructural sobre lo fácil que es que un país rico en recursos quede por debajo de sus posibilidades cuando el Estado deja de ser facilitador de inversión de largo plazo y pasa a ser un operador inestable dentro de la misma industria que debería regular.
Resources (APA)
- Monaldi, F. J., & La Rosa Reyes, J. (2020). The collapse of the Venezuelan oil industry: The role of above-ground risks limiting FDI. Houston, TX: Rice University, Baker Institute for Public Policy.
- U.S. Energy Information Administration. (2024). Country analysis executive summary: Venezuela. Washington, DC: U.S. Department of Energy.
- U.S. Geological Survey. (2022). The mineral industry of Venezuela. In 2019 Minerals Yearbook (Vol. III, Area reports: International). Reston, VA: U.S. Geological Survey.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Gold flows from Venezuela: Supporting due diligence on the production and trade of gold. Paris, France: OECD.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). Minerals crime. Vienna, Austria: UNODC.
- International Crisis Group. (2025). A curse of gold: Mining and violence in Venezuela’s south. Brussels, Belgium: International Crisis Group.
- United States Department of State. (2025). Report to Congress on the state-sponsored extraction and sale of gold from Venezuela’s Orinoco Mining Arc, and from national reserves in Venezuela such as Canaima National Park. Washington, DC: U.S. Department of State.
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- Human Rights Watch. (2025). World Report 2025: Venezuela. New York, NY: Human Rights Watch.
- Brookings Institution. (2022). Venezuela’s gold: Ten ways to address illicit financial flows from the mineral trade. Washington, DC: Brookings Institution.
- FACT Coalition. (2025). Addressing illegal gold mining and illicit financial flows in the Western Hemisphere. Washington, DC: FACT Coalition.
- Coalition Against Illegal Mining in the Amazon. (2025). Climate change, illegal mining, and human rights in the Amazon basin. São Paulo, Brazil: CMIA.